Vemos con preocupación que en el
Presupuesto 2014 se hayan destinado solamente $3.513.000 para atender la Prevención y
Asistencia de las adicciones, en el Ministerio de Desarrollo Social; con este
monto solo se cubre el tratamiento de 146 chicos en toda la provincia, solamente
por 1 mes (tiempo que se considera necesario, como mínimo, en un tratamiento). Estos recursos representan solamente el
1,84% de lo que el gobierno ha asignado al rubro Publicidad y Propaganda para
el próximo año.
El día
18 de abril de 2013 presenté un proyecto de ley cuyos principales objetivos
son: promover la inserción integral de niños y jóvenes a fin de atender la
problemática social que los excluye y los pone en una situación de riesgo
permanente; diseñar y fortalecer las acciones de educación y de prevención así
como también promover que el Estado provincial unifique sus acciones y trabaje
articuladamente en la lucha por la erradicación, prevención y asistencia de
adicciones, y que se ejecuten programas concretos de reinserción social y
laboral para las personas que estén en tratamiento o se hayan recuperado.
En nuestra provincia, el flagelo social de las adicciones se va expandiendo y es necesaria la aplicación de políticas públicas para realizar una prevención eficaz y asistir a quienes las padecen. Este gravísimo problema social es consecuencia del crecimiento del narcotráfico, de una falta de control y presencia efectiva de parte del Estado, que cede espacio de vital importancia, el cual es ocupado por bandas mafiosas que literalmente se adueñan en muchas localidades, de barrios enteros.
El Estado provincial no puede seguir con la pasividad que hoy tiene en relación a las adicciones. Tenemos que tener un discurso claro para toda la sociedad, fortalecer todo lo que tiene que ver con estrategias preventivas. Las adicciones deben ser tratadas para lograr la recuperación de quién las padece. El adicto tiene el derecho a recuperarse para lograr una mejor calidad de vida. Vemos con estupor cómo en los centros urbanos más poblados cada vez hay un nivel más elevado de violencia alimentada por la delincuencia organizada y el narcotráfico.”
Necesitamos tratarlo como política de Estado, la lucha contra las adicciones no es un interrogante sin respuesta, aunque ésta nunca será sencilla. La situación es grave y requiere de una acción mancomunada de toda la sociedad, para que a corto plazo pueda transformarse en política de Estado.
En nuestra provincia, el flagelo social de las adicciones se va expandiendo y es necesaria la aplicación de políticas públicas para realizar una prevención eficaz y asistir a quienes las padecen. Este gravísimo problema social es consecuencia del crecimiento del narcotráfico, de una falta de control y presencia efectiva de parte del Estado, que cede espacio de vital importancia, el cual es ocupado por bandas mafiosas que literalmente se adueñan en muchas localidades, de barrios enteros.
El Estado provincial no puede seguir con la pasividad que hoy tiene en relación a las adicciones. Tenemos que tener un discurso claro para toda la sociedad, fortalecer todo lo que tiene que ver con estrategias preventivas. Las adicciones deben ser tratadas para lograr la recuperación de quién las padece. El adicto tiene el derecho a recuperarse para lograr una mejor calidad de vida. Vemos con estupor cómo en los centros urbanos más poblados cada vez hay un nivel más elevado de violencia alimentada por la delincuencia organizada y el narcotráfico.”
Necesitamos tratarlo como política de Estado, la lucha contra las adicciones no es un interrogante sin respuesta, aunque ésta nunca será sencilla. La situación es grave y requiere de una acción mancomunada de toda la sociedad, para que a corto plazo pueda transformarse en política de Estado.
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