martes, 7 de mayo de 2013

El Estado provincial no puede permanecer pasivo ante el flagelo de las adicciones

En nuestra provincia el flagelo social de las adicciones se va expandiendo y es necesaria la aplicación de políticas públicas para realizar una prevención eficaz y asistir a quienes las padecen.  Este gravísimo problema social es consecuencia del crecimiento del narcotráfico, de una falta de control y presencia efectiva de parte del Estado, que cede espacio de vital importancia, el cual es ocupado por bandas mafiosas que literalmente se adueñan en muchas localidades, de barrios enteros.
Consideramos que nuestro estado provincial no puede seguir con la pasividad que hoy tiene en relación a las adicciones. Tenemos que tener un discurso claro para toda la sociedad, fortalecer todo lo que tiene que ver con estrategias preventivas. Las adicciones deben ser tratadas para lograr la recuperación de quién las padece. El adicto tiene el derecho a recuperarse para lograr una mejor calidad de vida. Vemos con estupor cómo en los centros urbanos más poblados cada vez hay un nivel más elevado de violencia alimentada por la delincuencia organizada y el narcotráfico.
La lucha contra las adicciones, no es un interrogante sin respuesta, aunque ésta nunca será sencilla. La situación es grave y requiere de una acción mancomunada de toda la sociedad, para que a corto plazo pueda transformarse en política de Estado. 
Es tiempo de acción, es tiempo de educación, es tiempo de compromiso en desarrollar políticas públicas que de verdad cumplan con evitar que se siga produciendo el ingreso de los chicos en este verdadero camino de la muerte. 



El Programa Provincial de erradicación, prevención y asistencia de adicciones se organizará mediante un Consejo Asesor intersectorial y una Mesa Ejecutiva.
El Consejo estará integrado, entre otros,  por expertos con trayectoria y experiencia en la materia, organizaciones no gubernamentales, Universidades, Asociaciones sin fines de lucro, Colegios de Profesionales,  gremios docentes y centros de estudiantes, la Defensoría del Pueblo, y miembros del Poder Judicial Federal y Provincial. 
En cuanto a la Mesa Ejecutiva, la integrará El Ministro de Gobierno y Reforma del Estado o quién el gobernador designe a tal efecto, representantes de los Ministerios de Salud, Educación y Seguridad, y un  representante de los frentes y/o partidos  políticos con representación parlamentaria. 
Sus funciones serán las de diseñar las políticas de Estado en adicciones, celebrar  convenios con entidades deportivas y recreativas a los fines de implementar programas destinados a la práctica de deportes y actividades recreativas, artísticas y culturales. Además  deberán celebrar convenios con las obras sociales y empresas de medicina prepaga a los fines de la prestación del servicio en los centros de tratamiento y rehabilitación, como así también coordinar con el Ministerio de Educación la incorporación en la currícula escolar en forma obligatoria la difusión de contenidos tendientes a la erradicación, prevención y asistencia de las adicciones en todos los niveles educativos. Otra función primordial que tendrán estos organismos será asesorar técnicamente en el diseño de las políticas de Estado, y proponer y desarrollar campañas continuas de prevención de adicciones. 

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